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La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) notificó la posible conclusión de una carpeta de investigación por tortura en agravio de Diego, un hombre indígena ñuhú de la sierra norte del Estado, a pesar de existir peritajes y testimonios que dan cuenta de la violencia ejercida por agentes ministeriales.
Organizaciones de derechos humanos acusaron que la Fiscalía, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, busca archivar el caso pese a los elementos recabados y a que fue necesaria una orden judicial para que el expediente avanzara.
"Esta acción refuerza el patrón de impunidad que prevalece en el estado frente a denuncias graves de violaciones a derechos humanos", advirtieron en un comunicado.
De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz y el Centro Prodh, Diego fue testigo de un crimen el 29 de mayo de 2023. Fue llevado a declarar ante la FGE, pero en el proceso denunció haber sido torturado por elementos de la Policía Ministerial, quienes lo obligaron a incriminar a otra persona.
El testimonio de Diego, aseguraron, fue redactado en español sin considerar su lengua materna, el ñuhú, y sin permitirle dar su versión. La declaración fue utilizada para detener a un presunto responsable que, según el propio Diego, nunca señaló.
En junio del mismo año presentó una denuncia formal por el delito de tortura. La Fiscalía abrió la carpeta XAL/FIM/FEIDT/219/2023, pero no realizó diligencias hasta que un amparo obligó a mover el expediente.
"El caso de Diego no es aislado. Según datos oficiales del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), Veracruz es el segundo estado con más investigaciones por tortura (2,441 entre 2019 y 2024) y el primero en número de víctimas (4,061). Las personas indígenas, como Diego, son uno de los grupos más afectados. La Policía Ministerial es la autoridad más señalada como responsable", indicaron las organizaciones.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos mantiene abierta una queja bajo el folio DAI/0161/2023. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México colabora con la aplicación del Protocolo de Estambul, herramienta internacional para documentar casos de tortura.
Los colectivos exigieron a la fiscal Hernández Giadáns que no se cierre el caso y se garantice una investigación con enfoque intercultural.