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Descubren Red de Prostitución en cárceles del DF
 
La Comisión de Derechos Humanos del DF emitió una recomendación al gobierno de la ciudad por la existencia de una red de prostitución al interior de las cárceles del Distrito Federal que obliga a internas a sostener encuentros sexuales clandestinos con reos de los reclusorios Norte, Sur y Oriente.
Distrito Federal - 2010-09-08 14:52:32 - Ana Lilia Varela Hernández / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO
 
Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2010-09-08-18:28:35 Distrito Federal La CNDH señaló que se logró documentar la existencia de una red que obliga a las internas a prostituirse, donde participan custodios y guardias de seguridad
La Comisión de Derechos Humanos del DF emitió una recomendación al gobierno de la ciudad por la existencia de una red de prostitución al interior de las cárceles del Distrito Federal que obliga a internas a sostener encuentros sexuales clandestinos con reos de los reclusorios Norte, Sur y Oriente.

A través de su recomendación 4/2010, señaló que se logró documentar la existencia de una red que obliga a las internas a prostituirse. En esta red participan, según la Comisión de Derechos Humanos, custodios y guardias de seguridad de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, así como internos de los Reclusorios Preventivos Norte, Sur y Oriente.

En la recomendación se dan a conocer dos nombres como parte de esta red que permite encuentros sexuales entre internas e internos, Joaquín Omar Cedillo Luna y Diana Trujillo Neri, quienes laboran en el Tribunal Superior de Justicia.

Según la investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la red de trata de internas opera a través de la solicitud de traslados de mujeres en privación de la libertad a los juzgados de los penales Norte, Sur y Oriente para que presuntamente desahoguen diligencias, y es en el traslado del túnel al juzgado cuando se aprovecha para obligar a la mujer a sostener relaciones sexuales con internos o custodios.

Estos actos, según el organismo autónomo, constituyen una violación al derecho a una vida libre de violencia y denuncia que al menos ha habido inacción o acción retardada por parte de autoridades de la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría Capitalina y el Tribunal Superior de Justicia para denunciar, investigar y sancionar a los servidores públicos involucrados en esta red de trata de internas.

En su recomendación 4/2009, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal establece que la primera queja por prostitución en las cárceles se recibió en octubre de 2009.

En sus investigaciones detectó que al menos nueve casos de internas que han quedado embarazadas cuando ya estaban en reclusión y no tenían autorizada la visita íntima ni familia. A estas nueve mujeres se les practicó una interrupción del embarazo.

También se obtuvieron testimonios de 16 personas que mencionaron que se efectúan pagos a custodios que oscilan entre 200 y 500 pesos para que las internas sostengan relaciones sexuales con los internos.

Y uno de los testimonios señala una ganancia para personal de los Juzgados.

También se documentó que hay internas que reciben dinero a cambio de ofrecer o aceptar encuentros sexuales clandestinos con internos que tienen dinero y solicitan encuentros con internas.

Los encuentros sexuales entre internas e internos se dan en los túneles, baños de custodios y salas vacías.

A través de esta documentación de la Comisión de Derechos Humanos se giraron los siguientes puntos recomendatorios: que la Secretaría de Gobierno, responsable de las cárceles del DF, implemente un sistema de registro de ingresos y egresos de las internas e internos trasladados, un sistema que deberá ser auditable. Además, colocar cámaras de vigilancia en escaleras, baños, pasillos, túneles y rejillas de práctica para detectar cualquier anomalía.

Se le dan a la Secretaría de Gobierno seis meses para que modifique los procedimientos y requisitos para la visita familiar

A la procuraduría capitalina se le recomienda vincularse con la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, Delitos Sexuales y Homicidios para integrar las averiguaciones por trata de personas.

Y al Tribunal Superior de Justicia se le recomienda llevar un estricto control de órdenes de traslado, llevando un registro de quién lo elaboró, firmó y entregó el oficio.

Además habilitar un área que audite los traslados.

Aunque la Comisión de Derechos Humanos resalta que es claro que el problema de la trata de internas no se resuelve con sanciones penales, porque hay un contexto generalizado de corrupción estructural en las cárceles, si es necesario que se investigue a quienes han participado en esta red y a quienes han retardado la investigación

 

 
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